MATRIMONIO IGUALITARIO · BARILOCHE
A 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario, Bariloche es la segunda ciudad más elegida del país para casarse
La Ley 26.618 fue sancionada el 15 de julio de 2010 y convirtió a Argentina en el primer país de América Latina y el décimo del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. La reforma modificó el Código Civil con términos inclusivos y neutros, habilitando a las parejas del mismo género a acceder a los mismos derechos que las uniones heterosexuales: adopción conjunta, derechos sucesorios y de pensión y beneficios sociales.
La referente de Diversidad Sexual, Constanza Pozzi, subrayó la importancia de la fecha: "La sanción de la Ley fue un parteaguas hacia los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual en este país, nos parece muy importante poder visibilizarlo".
Por qué Bariloche es la segunda ciudad más elegida
El dato del posicionamiento de Bariloche no es casual. La ciudad combina un entorno natural de alta escena —el lago Nahuel Huapi, los cerros, los bosques— con infraestructura turística consolidada y una tradición de recibir viajeros de todo el mundo. Para muchas parejas que eligen casarse fuera de su ciudad de residencia, Bariloche representa exactamente el tipo de destino que se busca para una celebración especial.
El trabajo articulado entre el Área de Diversidad Sexual del Gobierno provincial y la Delegación del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Bariloche apunta a facilitar los trámites para que las parejas puedan casarse en la ciudad con acompañamiento institucional. La subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, Griselda Linares, destacó "el rol como organismo de protección y acompañamiento en la articulación permanente con el Registro Civil para poder garantizar que realmente puedan acceder a ese derecho".
El turismo de bodas igualitarias como política pública
Que una provincia trabaje activamente para posicionarse como destino de bodas igualitarias es una decisión de política pública con doble impacto: por un lado, garantiza el ejercicio efectivo de un derecho a personas que pueden viajar para casarse en un entorno que los reciba con naturalidad; por el otro, genera movimiento económico en el sector hotelero, gastronómico y de servicios vinculados al turismo de bodas.