Marcha universitaria: el presupuesto 2027 y una ley que sigue sin aplicarse

Docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales marchan este jueves 15 de octubre en todo el país, en la quinta Marcha Federal Universitaria que convocaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios del sector. El reclamo no cambió en un año: que se aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso.

El Proyecto de Presupuesto 2027 prevé para el Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, un crecimiento real de 1,2% frente al crédito vigente de 2026. Aun así, queda 21,1% por debajo del nivel de 2023 en términos reales, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales ascendería a $9,60 billones a valores de 2027 (actualizado por la inflación promedio del 2027). Es decir, la Ley de Financiamiento Universitario superaría en 28,0% el Presupuesto 2027.

El mismo informe ubica el crédito vigente de 2026 —medido hasta el 14 de octubre y con la inflación proyectada hasta diciembre— 22,0% por debajo de 2023. Los salarios acompañan: hasta septiembre de 2026, el poder adquisitivo de docentes y no docentes está 24,2% por debajo del de noviembre de 2023.

Salarios y fondos sin garantía

Dentro del Programa 26 hay $851.558 millones para Fortalecimiento de Recursos Humanos. Su ejecución depende de la Secretaría de Educación: puede cumplirse o no, advierte el informe. El artículo 12 del proyecto suma otra condición: los aumentos de 2027 se aplicarán sobre las plantas docente y no docente de noviembre de 2026, salvo ampliaciones que autorice la Subsecretaría de Políticas Universitarias. No se encontró una respuesta oficial puntual a estos planteos.

Un Jefe de Trabajos Prácticos semiexclusivo sin antigüedad cobraba $1.185.861 en noviembre de 2015 y hoy percibe $672.309, en pesos de septiembre de 2026, una caída real de 43,3%. En septiembre, solo los titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y los no docentes de las categorías 1, 2 y 3 superan la línea de pobreza, según el informe; los JTP y auxiliares semiexclusivos y los cargos de dedicación simple no llegan ni a la línea de indigencia.

El Presupuesto 2027 trae más fondos reales que el de 2026, pero no alcanza ni el nivel de 2023 ni el que fijaría la ley.

Una ley en los tribunales

La ley se sancionó el 21 de agosto de 2025, el Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre y el Congreso la ratificó el 2 de octubre con los dos tercios de ambas cámaras. Diecinueve días después, el Decreto 759/2025 la promulgó pero suspendió su ejecución hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. Al vetarla, el Gobierno había calculado un costo adicional de más de $2 billones para 2026 y objetó que no tenía fuentes concretas.

El juez federal Martín Cormick ordenó el 23 de diciembre de 2025 aplicar los artículos 5 y 6, sobre salarios y becas; la Cámara confirmó la medida y el 25 de junio de 2026 la Corte Suprema la dejó firme. El 22 de septiembre Cormick consideró que no había cumplimiento total y advirtió con multas diarias, y el 6 de octubre declaró inconstitucional la cláusula del decreto y ordenó aplicar la ley.

El Gobierno sostiene que cumplió la cautelar y que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 llegan a 226,8%. Apeló la intimación y, el 8 de octubre, la sentencia de fondo, pasa ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En febrero había enviado a Diputados un proyecto para modificar la ley; según el informe, no llegó a tratarse en comisión.

En Bariloche el debate tiene escenario propio. A comienzos de septiembre, el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche tuvo a la UNRN como anfitriona y, entre sus objetivos, estaba preparar el proyecto de presupuesto universitario 2027. La marcha federal local, el 12 de mayo, salió del CRUB y de Moreno y Onelli hacia el Centro Cívico, en una ciudad donde seis instituciones públicas de educación superior dictan cerca de cien carreras.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario y cómo se mide el presupuesto

¿Qué establece la Ley 27.795? Fija la actualización bimestral de las partidas universitarias según el IPC, una recomposición salarial para docentes y no docentes con retroactivo a diciembre de 2023, la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico y la actualización automática de las becas. También contempla asistencia financiera a los hospitales universitarios.

¿Qué es el Programa 26? Es la línea del Presupuesto nacional donde se computan los fondos de las universidades nacionales. Incluye, entre otras, partidas de salarios, ciencia y técnica y extensión.

¿Qué falta para que cambie algo? El Congreso debe tratar y aprobar el Presupuesto 2027, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal tiene que resolver la apelación del Gobierno.