Control biométrico en Salud: Río Negro ratificó su uso obligatorio

El control biométrico de asistencia en Salud quedó ratificado por el gobernador Alberto Weretilneck mediante el Decreto 903, que rechazó el recurso jerárquico de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) y confirmó la Resolución 986/2026 del Consejo Provincial de la Función Pública. Con ese paso, la Provincia da por cerrada la vía administrativa.

El sistema había quedado en pausa la semana pasada. La Cámara del Trabajo de Viedma, por unanimidad y con el voto del juez Carlos Valverde, hizo lugar a una medida cautelar autónoma de ASSPUR y suspendió la aplicación de la resolución. El tribunal entendió que los datos biométricos son sensibles y que un daño en ese terreno sería de imposible reparación, pero fijó un límite: la suspensión regía hasta que la Provincia resolviera el recurso pendiente, sin pronunciarse sobre la validez del sistema.

Según informó el Gobierno, la Provincia acreditó de inmediato ante la Cámara que la condición se había cumplido, el tribunal lo tuvo por acreditado y la cautelar perdió vigencia. Bajo esa lectura, el sistema es de uso obligatorio para el personal del Ministerio de Salud.

ASSPUR lo ve distinto. El gremio sostiene que el decreto es un acto más dentro del proceso, que la resolución sigue suspendida por orden judicial y que va a seguir con acciones legales. Su planteo de fondo es que la biometría facial captura datos personales sensibles que exigen consentimiento libre, y que una filtración, una vez almacenados los rasgos, no tendría vuelta atrás.

El decreto responde con otro argumento: registrar la asistencia forma parte de las obligaciones del empleo público, controlarla es una facultad del Estado empleador y la ley no exige el consentimiento de los trabajadores para hacerlo.

UPCN: amparo rechazado y nueva demanda

El conflicto no se limita a ASSPUR. Un amparo de UPCN contra el sistema fue rechazado recientemente por la jueza Ana Carolina Scoccia; según la Provincia, la Justicia no vio acreditado un daño grave e irreparable ni una ilegalidad manifiesta que habilitara esa vía excepcional. Tras ese fallo, el sindicato presentó una demanda ante la Cámara del Trabajo de Viedma para que se declare la invalidez de la resolución, o su inaplicabilidad, para todo el personal de Salud. También pidió una cautelar más acotada: que no se obligue a enrolarse a quienes ya manifestaron su oposición y todavía no fueron registrados.

El rechazo viene de antes. En junio, ATE ya había cuestionado el reconocimiento facial en los hospitales rionegrinos y pedido anular la contratación de la empresa Airata S.A*, por $1.500 millones. Según el portal de Compras provincial, los equipos tienen como destino 36 hospitales y 190 centros de atención primaria.

Lo que sigue es la respuesta de la Cámara al pedido cautelar de UPCN y las presentaciones que ASSPUR anticipó.