Villa Mascardi: el gobierno manifestó su disconformidad por no haber sido incluido en la mesa de diálogo

El gobierno de Río Negro recibió a referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para retomar los trabajos de relevamiento de comunidades indígenas en Río Negro. Además, el Gobierno provincial manifestó su disconformidad por no haber sido incluido en la última mesa de diálogo, en donde se determinó ceder el uso de una parte del territorio de Villa Mascardi.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete de Río Negro, Pablo Zúcaro, y estuvieron presentes el presidente del INAI, Alejandro Mormoni, y el director de Tierras de la entidad, Martin Plaza.

Zúcaro le manifestó al presidente del INAI la disconformidad de la provincia por no haber sido convocada a formar parte de la tercera mesa de diálogo, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue durante este espacio en donde el Gobierno Nacional determinó ceder parte de los predios de Parques Nacionales de Villa Mascardi a la comunidad mapuche “Lafken Winkul Mapu”, donde funcionará un Rewe, y se construirán tres nuevas casas.
“No formamos parte, ni decidimos ni opinamos con respecto a la solución que se ha encontrado transitoriamente, estamos en disconformidad en no haber participado de este proceso previo”, manifestó el jefe de Gabinete.

Relevamiento territorial
Durante la reunión se retomaron las conversaciones para poder realizar los trabajos de relevamiento territorial indígena que no pueden prosperar hace años por no contar con un convenio entre la Provincia y el INAI. El objetivo fue avanzar en el delineamiento de este convenio y retomar las conversaciones luego del cambio de autoridades tanto a nivel provincial como nacional.

Zúcaro explicó que “se tomaron puntos y se compartieron visiones con respecto a la problemática indígena en el territorio rionegrino, viendo el marco nacional, pero centrándonos en los casos rionegrinos. Decidimos avanzar en un convenio que nos tiene que elevar el INAI en el plazo máximo de dos semanas, para poder avanzar en los relevamientos que son más urgentes”.

“Estos son aquellos que ya tienen un proceso de relevamiento avanzado; y también a los que tienen posibilidad de desalojo inminente. Esos son los criterios que se van a utilizar para poder cumplir con la ley 26.160, que da origen y posibilita este tipo de convenios”, agregó el jefe de Gabinete.