ATE rechaza el reconocimiento facial en hospitales de Río Negro y pide anular la contratación a Airata

Según consta en el portal de Compras de Río Negro, el destino de los equipos son los 36 hospitales públicos y los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintas localidades de la provincia. La documentación oficial deja abierta la posibilidad de que el sistema se extienda a otros organismos de la administración pública.

La contratación fue adjudicada a Airata S.A., empresa privada, a través de ALTEC S.E., por un monto de $1.500 millones.

Los dos argumentos de ATE

El sindicato plantea dos objeciones principales. La primera es de prioridades: "Es una contradicción que el Ministerio de Salud se ocupe de la implementación de sistemas de alta tecnología de control humano, cuando esos recursos de dinero podrían destinarse a mejorar la calidad de la atención de los hospitales", dijo Carolina Suárez, secretaria general de la seccional Allen de ATE y referente provincial de salud.

La segunda objeción es legal. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), que controla la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, establece en su resolución 4/2019 que el tratamiento de datos biométricos es ilícito en el contexto laboral porque, aunque hubiera consentimiento del trabajador, no podría considerarse libre dada la relación asimétrica de poder entre empleador y empleado. La norma agrega que el empleador no puede obligar a los trabajadores a acceder a este sistema y debe ofrecer alternativas. ATE exige que se cumpla esa normativa.

La postura del secretario general y el trasfondo del conflicto

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, apuntó al contexto: "El ministro Thalasselis pretende tapar con espejos de colores la situación crítica que atraviesan los hospitales y centros de atención primaria de la salud". Y agregó: "El centro del deterioro de la salud de los rionegrinos no está en si un hospitalario hace una hora de más o de menos, sino en el déficit presupuestario que arrastra desde hace un tiempo el ministerio".

La contratación de un sistema de vigilancia biométrica por $1.500 millones en hospitales con déficit presupuestario crónico es la tensión que ATE pone en el centro del reclamo: no solo cuestionan la tecnología sino la decisión de priorizar el control sobre la atención.