Sin aumentos por más de un año: la Justicia obligó a Vialidad Nacional a recomponer salarios
Desde octubre de 2024, los trabajadores de Vialidad Nacional comprendidos en el Convenio Colectivo N° 827/06 "E" no recibieron ningún aumento salarial. Varias audiencias, ninguna propuesta formal. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, fue a la Justicia. Y la Justicia le dio la razón.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el gremio y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) actualizar los salarios del sector en las mismas condiciones que los acuerdos del Convenio 214, con vigencia desde noviembre de 2024.
Lo que dijo el juez
El magistrado fue preciso en su resolución. Consideró "acreditado el prolongado congelamiento salarial que afecta al sector desde octubre de 2024", la "pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario" y la "situación de desigualdad respecto de otros trabajadores del organismo que sí percibieron incrementos salariales". También subrayó "el carácter alimentario del salario" y la "falta de una negociación colectiva efectiva".
La base legal de la equiparación son las Decisiones Administrativas 48/2024, 1/2025 y 43/2025, que habían fijado las pautas salariales para la Administración Pública nacional, incluyendo entes autárquicos como Vialidad.
Que el juez haya señalado explícitamente la "desigualdad respecto de otros trabajadores del mismo organismo" que sí recibieron aumentos es el argumento más contundente del fallo. No es solo un reclamo por inflación: es la constatación de un trato diferencial dentro de la misma institución, lo que hace más difícil sostener la posición del Ejecutivo en una eventual apelación.
Retroactivos en cuotas y plazos suspendidos
Además de la actualización salarial, el fallo ordenó el pago de las sumas retroactivas adeudadas desde mediados de 2024 en tres cuotas bimestrales, más los bonos correspondientes. El tribunal también dispuso la suspensión de los plazos procesales para impugnar la medida hasta que el juzgado competente asuma la causa, garantizando la efectividad inmediata de la protección.
Graciela Aleñá celebró el resultado: "Representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo", y convocó a continuar organizados para sostener las conquistas.