Fallo laboral: la cajera perdió el juicio, pero las costas las paga su abogado

El fallo laboral en Bariloche salió de un tribunal integrado por jueces y una jueza que analizó la demanda de una exempleada de una cadena de supermercados. La mujer había trabajado como cajera y reclamaba por su despido, que atribuía a una enfermedad vinculada con sus tareas. El tribunal le dio la razón a la empresa en todo y, además, resolvió quién debía hacerse cargo de los gastos del proceso.

La cajera entró en agosto de 2023 y fue despedida sin causa en marzo de 2025. Meses antes había tenido una dolencia en el hombro izquierdo que relacionaba con los movimientos repetitivos de su trabajo: la atendió la aseguradora de riesgos del trabajo y, tras una licencia, volvió con el alta. En la demanda sostuvo que los dolores seguían y que la empresa lo sabía. El 26 de marzo fue a un control médico laboral y al día siguiente llegó el despido. Con esa secuencia planteó una represalia y pidió una indemnización agravada por discriminación, dentro de un reclamo total de casi 22 millones de pesos.

La empresa negó la acusación. Dijo que había reducido personal al terminar la temporada turística, por razones operativas y presupuestarias, y presentó documentación de otros cinco despidos comunicados el mismo día.

El tribunal no encontró pruebas de discriminación. Pesó que la trabajadora había recibido el alta sin restricciones, que no se acreditaron conductas hostiles por su salud y que la decisión de reducir personal era anterior al control médico que ella señalaba como detonante. Un despido sin causa posterior a una licencia por enfermedad, remarcó la Cámara, no alcanza por sí solo para presumir un acto discriminatorio. Sin esa prueba, correspondía el régimen indemnizatorio común.

### Los errores que pesaron sobre el abogado

El segundo tramo del fallo es el que lo volvió noticia. Al revisar los montos, los jueces comprobaron que la empresa ya había pagado la liquidación después del despido y que estaba bien hecha: no quedaban diferencias por antigüedad, preaviso, vacaciones ni sueldo anual complementario. La demanda, sin embargo, reclamaba varios de esos rubros.

Había más. El adicional por antigüedad se calculó con un 10%, cuando el convenio colectivo de empleados de comercio fija un 1%. El escrito también pedía multas laborales de normas que ya estaban derogadas cuando ocurrió el despido y reclamaba más de 17 millones de pesos por daño moral sin respaldo suficiente en lo acreditado, en particular en los antecedentes médicos del expediente.

Con ese cuadro, la Cámara entendió que había pluspetición inexcusable, la figura de la Ley de Contrato de Trabajo para reclamos manifiestamente excesivos o armados sobre errores graves. La sentencia habló de "la sinrazón y dislate de la petición sumada a la escasa fundamentación en derecho".

La trabajadora perdió el juicio y no paga nada; el abogado, que no era parte del litigio, sí.

La demanda se rechazó entera, pero las costas no recayeron sobre la mujer: el tribunal entendió que pudo creerse con derecho a reclamar y le atribuyó la responsabilidad al letrado que impulsó el juicio. Es una sentencia de primera instancia y puede apelarse.