Atropelló, retrocedió y volvió a embestir: reformularon la acusación
La Fiscalía reformuló los cargos contra el hombre acusado de provocar la muerte de Horacio Aníbal Chávez, ocurrida el 6 de enero de 2026 en Villa Llanquín. El juez de Garantías, Víctor Gangarrossa, admitió la nueva descripción del hecho, dispuso el sobreseimiento parcial por un segundo episodio y prorrogó la prisión preventiva hasta la audiencia de control de acusación.
La reconstrucción de la Fiscalía
Según expuso el fiscal, Gerardo Miranda, entre las 17 y las 18:20 de aquel día, el imputado abordó una camioneta estacionada dentro del predio de la víctima y, tras una maniobra marcha atrás, habría avanzado de manera súbita e intencional contra Chávez. La acusación sostiene que, tras el impacto, la víctima cayó debajo del rodado, fue arrastrada un corto tramo, y que el conductor habría pasado sobre su cuerpo y vuelto a atropellarlo antes de retirarse.
Chávez murió por un aplastamiento torácico con compromiso de órganos internos. La Fiscalía encuadró el hecho, de forma provisoria, como homicidio simple, y Miranda anticipó que uno de los puntos centrales del juicio será determinar si la conducta fue intencional.
El segundo episodio y la teoría de la defensa
La Fiscalía había imputado también un episodio de resistencia a la autoridad, pero retiró esa acusación después de que los propios agentes policiales declararan que el hombre se entregó de manera pacífica; el juez dictó el sobreseimiento parcial por ese hecho.
La defensa, por su parte, sostiene una teoría distinta, basada en el relato de quien identifica como la única testigo presencial, y afirma que existió un conflicto previo entre las partes; negó además que el imputado hubiera planeado ocultar pruebas.
La querella, que representa a los hijos menores de edad de Chávez, acompañó la reformulación por homicidio simple y pidió mantener la prisión preventiva, aunque aclaró que no tiene legitimación para opinar sobre el segundo episodio.
Una causa que lleva ocho meses
El imputado permanece detenido desde el día del hecho. En mayo, la Justicia ya había prorrogado por cuatro meses la investigación penal preparatoria y rechazado un pedido de la defensa para reemplazar la prisión preventiva por una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Esa prórroga vencía este 8 de septiembre, fecha que coincide con esta nueva etapa procesal del caso.
