Embargan hasta el 10% de la coparticipación de El Bolsón para pagar una indemnización por un juego roto en una plaza

El caso comenzó con una demanda por daños y perjuicios presentada por una joven que resultó lesionada en un juego infantil ubicado en una plaza pública de El Bolsón. En el proceso, el juzgado tuvo por acreditado que el accidente ocurrió por una falla en la estructura del juego —no por un uso indebido— y que esa falla respondía al estado del equipamiento, no a un episodio aislado.

La jueza interviniente estableció que el municipio es guardián del espacio público y de los elementos instalados en él, con obligación de garantizar condiciones adecuadas de uso. Al no haber cumplido con ese deber de mantenimiento y control, la responsabilidad recayó sobre el Estado local.

La sentencia, dictada en 2025, reconoció indemnización por daños físicos, odontológicos y psicológicos, con incapacidad parcial y permanente, más rubros vinculados al tratamiento y las consecuencias del accidente.

Del fallo al embargo: el municipio no pagó

Con la liquidación aprobada y sin pago voluntario, el juzgado habilitó la instancia de ejecución a fines del año pasado. El monto asciende a $22.840.846,23 en concepto de capital. Además, se deben sumar los intereses calculados según las tasas del Superior Tribunal de Justicia y las costas del proceso, para las que se estimó provisionalmente una suma adicional de $10 millones.

Para asegurar el cobro, la jueza dispuso el embargo sobre los recursos de coparticipación que el municipio percibe mensualmente, con una retención de hasta el 10% de esos fondos. La medida comenzó a aplicarse en marzo y continuará vigente hasta cubrir la totalidad de la deuda.

Lo que establece el precedente

El fallo tiene una lógica que trasciende este caso concreto: un municipio que no mantiene en condiciones el equipamiento de sus espacios públicos asume la responsabilidad civil por los accidentes que se produzcan como consecuencia de esa omisión. La figura del guardián —que el derecho civil utiliza para describir a quien tiene el deber de control y conservación de una cosa— se aplica con la misma fuerza al Estado local que a un particular.

Qué responsabilidad tiene un municipio por accidentes en plazas y espacios públicos, y qué puede hacer un vecino que resulta lesionado
En Argentina, los municipios tienen la obligación legal de mantener en condiciones seguras los espacios públicos y el equipamiento instalado en ellos —juegos infantiles, veredas, luminarias, bancos. Cuando un accidente ocurre como consecuencia de una falla en ese equipamiento, el municipio puede ser declarado judicialmente responsable como guardián de la cosa, figura prevista en el Código Civil y Comercial.

El proceso habitual implica una demanda por daños y perjuicios ante el juzgado con competencia en la materia. Si el juicio prospera, la sentencia puede reconocer indemnización por daños físicos, psicológicos, gastos médicos, incapacidad y otros rubros. Si el municipio no paga voluntariamente, la parte puede iniciar la ejecución de sentencia, que puede derivar en embargo de cuentas municipales o, como en este caso, de los fondos de coparticipación que el municipio percibe del Estado provincial o nacional.

El fallo sobre la plaza de El Bolsón es un ejemplo concreto de esa cadena: juego en mal estado, accidente acreditado, sentencia por incapacidad permanente y embargo en curso hasta cubrir más de $32 millones entre capital, intereses y costas.