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LEY DE GLACIARES

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos: qué cambia y qué no

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La norma redefine la protección de zonas periglaciales y transfiere facultades a las provincias para autorizar actividades productivas.
jueves 09 de abril de 2026
Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos: qué cambia y qué no

Tras más de 11 horas de debate, La Libertad Avanza y sus aliados —PRO, UCR, Innovación Federal y otros bloques menores— lograron los votos necesarios para sancionar la reforma. El oficialismo sumó además el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria, los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, lo que amplió el margen final.

En contra votó la amplia mayoría de Unión por la Patria, once de los integrantes de Provincias Unidas, los dos diputados de la Coalición Cívica, Miguel Pichetto y el Frente de Izquierda, entre otros.

Las tres abstenciones fueron de Oscar Zago, Eduardo Falcone (MID) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Qué modifica la ley

El punto central de la reforma es la redefinición del alcance de la protección sobre las zonas periglaciales. La norma vigente desde 2010 prohibía cualquier actividad productiva en esas áreas. La reforma habilita a las provincias a realizar estudios de segundo y tercer nivel para determinar si ciertas formaciones —especialmente rocosas, sin función hídrica comprobada— pueden ser desinventariadas y, eventualmente, habilitadas para la minería u otras actividades.

Los glaciares propiamente dichos, según los impulsores de la ley, siguen protegidos. El organismo técnico de referencia, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), mantiene sus funciones, aunque la reforma le transfiere a las provincias capacidad de decisión sobre su propio territorio.

El debate técnico y político

El argumento más resonante de la oposición lo planteó la diputada y científica Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica: "Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes". Serquis cuestionó que la defensa de la reforma se apoyara en "datos que no son científicos".

Miguel Pichetto, quien había votado a favor de la ley original en 2010, rechazó la reforma con un argumento diferente: "Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido".

Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la norma sosteniendo que "el paradigma de protección de los glaciares" no se altera y que la reforma apunta a "aclarar conceptos" sobre las zonas periglaciales, donde el IANIGLA habría inventariado formaciones sin función hídrica comprobada.

Qué son los glaciares y los periglaciares, cuál es la diferencia y por qué eso importa en la reforma aprobada en el Congreso
Los glaciares son masas de hielo permanente que se forman por acumulación y compactación de nieve en zonas de alta montaña. Son reservorios de agua dulce que alimentan ríos y cuencas, especialmente en períodos de sequía. Están inventariados por el IANIGLA y su protección no está cuestionada por ninguna de las partes en el debate.

Las zonas periglaciales son los sectores aledaños a los glaciares, donde el suelo se congela y descongela estacionalmente. No siempre contienen hielo permanente: pueden incluir formaciones rocosas que fueron incluidas en el inventario por foto satelital sin verificación en terreno. La discusión central de la reforma es si esas formaciones —cuando no tienen función hídrica comprobada— deben seguir siendo intocables o si las provincias pueden evaluarlas caso por caso.

Para Río Negro y Neuquén, esto tiene implicancias concretas en zonas de la Cordillera de los Andes donde hay interés minero. La nueva ley no habilita actividades automáticamente, pero da a las provincias la herramienta legal para avanzar en evaluaciones que antes estaban vedadas.

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