El Gobierno reglamentó la ley que restringe beneficios para delitos graves

El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S N° 3008 de ejecución penal, que restringe las salidas transitorias y los beneficios de libertad anticipada para las personas condenadas por delitos graves. El gobernador Alberto Weretilneck presentó la medida como parte de la política de seguridad y justicia que la Provincia viene sosteniendo.

"En Río Negro tomamos una decisión: estar del lado de las víctimas y de la gente que cumple la ley. Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable y cumplir la condena que le impuso la Justicia", dijo Weretilneck.

La norma fue presentada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica y Facundo López, y modifica la legislación provincial que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad. Según el Gobierno, la modificación alcanza a los condenados por homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo con resultado de muerte.

Una reforma que va más allá de la ley nacional

Río Negro amplió las restricciones previstas a nivel nacional, incorporando además delitos como cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios. "Somos firmes con el que mata, con el que viola, con el que roba utilizando violencia, pero también con el funcionario que se enriquece ilegalmente o recibe una coima. No puede haber una vara distinta", sostuvo Weretilneck.

El gobernador ubicó la medida dentro de una serie de reformas más amplia: "Primero avanzamos con la reiterancia, para que quien comete delitos una y otra vez no siga entrando y saliendo. También impulsamos la doble condena, para que una persona con una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia permanezca detenida mientras continúa apelando. Ahora avanzamos sobre los beneficios para quienes cometieron los delitos más graves", dijo.

El antecedente nacional más citado en este tipo de reformas es la Ley 27.375, sancionada en 2017 después del asesinato de Micaela García a manos de un violador reincidente que había salido en libertad antes de cumplir su condena. Ese mismo tipo de norma también recibió críticas de organismos de derechos humanos, que sostienen que restringir la progresividad de la pena debilita el objetivo de reinserción social previsto por la ley.

La reforma tiene antecedentes en otras jurisdicciones: Mendoza inició un proceso similar en 2012, y a nivel nacional, en 2017, se sancionó la Ley N° 27.375, que introdujo restricciones equivalentes. Río Negro optó por modificar su propia legislación de ejecución penal, en ejercicio de sus competencias provinciales.