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Desde el PRO, reclaman terminar con la emergencia territorial

miércoles 31 de enero de 2024
Desde el PRO, reclaman terminar con la emergencia territorial

Desde el PRO rionegrino reclamaron la derogación de la emergencia territorial vigente desde 2006, que impide los desalojos de tierras ocupadas por quienes aludan derechos ancestrales.

“Llevamos casi 18 años en un estado de emergencia, no se terminó el relevamiento y aparecieron nuevos grupos que se autoperciben originarios, sin que haya registro previo de su existencia ni personería jurídica, que es lo que manda la ley”, señaló el diputado nacional Sergio Capozzi, quien le envió una nota al presidente Javier Milei “para que derogue inmediatamente el DNU de Alberto Fernández que en 2021 prorrogó la emergencia por cuarta vez”.

Capozzi cuestionó también fuertemente el rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, señalando que “en los últimos meses del gobierno anterior se emitieron cerca de 80 resoluciones poco claras, un número que no tiene nada que ver con lo que se trabajó los años anteriores”.

En un mismo sentido, en la Legislatura Provincial ingresó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional pidiendo la derogación de la norma. “La emergencia territorial casi ni les sirvió a las verdaderas comunidades y unos pocos vivos se aprovecharon de ella”, señaló el presidente del bloque PRO-Unión Republicana, Juan Martin.

Martin recordó que “al amparo de esta emergencia, la gestión de Magdalena Odarda al frente del INAI avaló a grupos violentos que usurparon tierras, incendiaron viviendas, amenazaron a vecinos y declararon no reconocer la soberanía del Estado Nacional”. “Estos grupos siguen existiendo, son los que ahora incendiaron el Parque Los Alerces, y de la mano de combatir a los delincuentes como se está haciendo desde Nación hace falta terminar con el marco jurídico que les brinda una excusa para delinquir”, señaló.

Asimismo, el presidente del bloque PRO-Unión Republicana consideró que “este estado de emergencia permanente también alimenta una burocracia que no tiene ningún interés en terminar el relevamiento y reconocer a las comunidades legítimas, sino en seguir financiando estructuras y privilegios con fondos públicos”.

 

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