Bariloche ya administra la avenida Bustillo tras la sanción de la Legislatura

La Legislatura de Río Negro convirtió en ley, con el respaldo de la mayoría del cuerpo, el convenio que transfiere al Municipio de San Carlos de Bariloche la jurisdicción sobre la avenida Exequiel Bustillo, la traza que hasta ahora dependía de la Provincia como ex Ruta Nacional 237.

El acuerdo original había sido firmado el 19 de marzo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés, y alcanza al tramo de casi 24 kilómetros que va desde el Monolito hasta la rotonda de acceso al Hotel Llao Llao. La cesión no implica transferencia de dominio: el tramo sigue siendo un bien público, pero pasa a estar bajo gestión municipal.

Qué cambia a partir de ahora

Con la ley, Bariloche asume de manera plena y exclusiva la conservación y el mantenimiento de la traza, la señalización horizontal y vertical, la regulación del tránsito y las políticas de seguridad vial en todo el tramo. También queda en manos del Municipio autorizar usos especiales y obras complementarias, además de asumir las consecuencias civiles, administrativas y patrimoniales por accidentes, daños u omisiones vinculadas al mantenimiento o la señalización.

El proceso incluyó varias etapas administrativas: el Decreto N° 39/2026 aprobó el texto del convenio, la Ordenanza 3608-CM-26 lo avaló en el Concejo Municipal el 11 de junio, y el Decreto 648/2026 lo ratificó y lo elevó a la Legislatura para esta última instancia.

El debate en la Legislatura

El miembro informante, Carlos Valeri, de Juntos Somos Río Negro, explicó que la traza dejó de tener sentido como ruta provincial a medida que la ciudad creció a su alrededor, con problemas de mantenimiento y superposición de jurisdicciones. Según describió, Bariloche es una de las ciudades del país con más organismos con competencia sobre un mismo territorio: mencionó al Ejército, Gendarmería, Prefectura, Parques Nacionales, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y Vialidad Rionegrina, entre otros.

Esa superposición, sostuvo, complica la toma de decisiones sobre seguridad vial y la atención de accidentes de tránsito, y calificó a la cesión como "la mejor solución" acordada entre el gobernador y el intendente para centralizar la administración de una vía con carácter cada vez más urbano.

El proyecto se aprobó por amplia mayoría, pero hasta los legisladores que lo acompañaron reconocieron que el Municipio recibe una avenida rota, no una avenida lista para administrar.

La legisladora María Laura Frei, del bloque PRO Unión Republicana, acompañó el proyecto, pero advirtió que el Municipio recibe "una avenida totalmente rota", con tramos sin señalización y numerosos pozos que van a demandar una inversión importante. Recordó que la obra de modernización de la avenida había comenzado en 2020 y que para 2023 estaba paralizada, con una deuda importante con la empresa contratista y sin completar siquiera el primer kilómetro de intervención.

Frei remarcó que ese deterioro no responde a un cambio de signo político entre la Provincia y el Municipio, porque también se dio cuando ambas administraciones eran del mismo espacio. Valoró que el convenio contemple un aporte económico de la Provincia durante la transferencia, pero consideró que un pago único "no alcanza para reparar años de deterioro" y reclamó que el Gobierno provincial siga financiando la recuperación integral mientras el Municipio se hace cargo del mantenimiento cotidiano.

"Vamos a votar a favor, pero descentralizar sin plata no es autonomía, es sacarse un problema de encima", concluyó Frei.