Weretilneck promulgó la ley que fija el canon por el uso del agua rionegrina en las hidroeléctricas del Comahue

La ley promulgada le da respaldo legal definitivo a un avance que Río Negro logró en las negociaciones para la renovación de las concesiones hidroeléctricas del Comahue, llevadas adelante junto a Neuquén con el Gobierno Nacional. El canon reconocido equivale al 1% de la energía comercializada por las concesionarias en favor de Río Negro, dentro de un esquema total del 2% distribuido en partes iguales con Neuquén.

El Gobernador encuadró la promulgación en términos de soberanía provincial: "Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real".

Por qué Río Negro reclamaba esta compensación

Durante décadas, los ríos rionegrinos aportaron agua para la generación de energía en las centrales del Comahue sin que la Provincia recibiera una compensación acorde por ese recurso estratégico. Las concesionarias aprovechaban el recurso hídrico provincial y giraban la energía al sistema nacional sin retribución proporcional para la provincia en cuyo territorio corrían esos ríos.

Esa asimetría fue el centro del reclamo histórico de Río Negro y Neuquén en las negociaciones de renovación de concesiones. El acuerdo del 2% de la energía comercializada —partido en partes iguales entre ambas provincias— fue el resultado concreto de esas gestiones. La ley promulgada este miércoles cierra el ciclo: el acuerdo negociado tiene ahora respaldo normativo provincial que lo consolida y lo proyecta en el tiempo.

El impacto para la provincia

El canon hidroeléctrico representa una fuente de ingresos ligada directamente a la producción de energía de las centrales del Comahue, cuyo funcionamiento es continuo. A diferencia de regalías que dependen de precios de commodities volátiles, el esquema del 1% de la energía comercializada vincula el ingreso provincial a un parámetro estable: los kilowatts que las concesionarias venden al mercado.

El Gobierno señaló que esos recursos se destinarán a infraestructura, desarrollo y oportunidades para las próximas décadas, aunque la ley promulgada no especifica en el comunicado un mecanismo de asignación detallado.