Río Negro: conductores que provoquen siniestros viales deberán pagar la atención médica

La norma aprobada este jueves en segunda vuelta establece que quien provoque un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberá reintegrar al Estado los costos de atención médica que no hayan sido cubiertos por una obra social o un seguro. El mecanismo previsto para el cobro es la ejecución judicial en caso de incumplimiento.

La ley no se limita al alcohol y las drogas. También alcanza otras conductas que la norma define como graves: el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y la conducción sin licencia habilitante. En todos esos casos, si el conductor provoca un siniestro con víctimas que requieren atención médica a cargo del Estado, queda obligado a reintegrar esos costos.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, también se implementarán capacitaciones obligatorias en seguridad vial como parte del esquema de la ley.

El proyecto fue presentado por el legislador Fernando Frugoni del bloque CC ARI Cambiemos y había obtenido sanción en primera vuelta en sesión extraordinaria en diciembre de 2025. Esta semana llegó a segunda vuelta.

*Por qué importa en Río Negro*

En Río Negro rige tolerancia cero de alcoholemia: cualquier registro mayor a cero es infracción. La nueva ley agrega una capa adicional de consecuencias para quien maneje ebrio y provoque un accidente: además de la infracción de tránsito y las consecuencias penales según el caso, el conductor pasa a ser responsable económico de los gastos médicos que el Estado absorba.

Es un mecanismo que existe en otras legislaciones y que tiene una lógica de disuasión complementaria a la multa: quien sabe que el accidente puede traducirse en una deuda económica concreta y ejecutable judicialmente tiene un incentivo adicional para no manejar en estado de ebriedad. Si funciona en la práctica dependerá de la reglamentación y de la capacidad del Ministerio de Salud para implementar el sistema de recupero efectivo.

El Observatorio de Arbolado Público

En la misma sesión se aprobó la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, cuyo objetivo es monitorear y gestionar el arbolado con criterio de sostenibilidad, priorizando las especies autóctonas. Entre sus funciones se incluyen el censo y mapeo periódico, la evaluación sanitaria de los ejemplares existentes y la promoción de la reforestación*.

La iniciativa contempla la participación de organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Ambas leyes aprobadas esta semana deben ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo antes de entrar en vigencia plena.